En la actualidad, el valor promedio de una vivienda “tipo”, oscila entre los 60 y los 150 mil dólares, siempre dependiendo del estado en que se encuentre la casa, su extensión y la ubicación en que se erija. El costo está sujeto a las fluctuaciones del dólar, la moneda norteamericana que el país adoptó ‘cariñosamente’, por lo que hoy es imposible establecer un precio fijo y en pesos. Por si esto fuera poco, y sin mencionar que la inflación hace estragos con las posibilidades de quienes anhelan un inmueble, la compra de dólares en el territorio nacional, se encuentra restringida. La medida implementada por el gobierno, se enmarca en un proyecto contra la fuga de capitales y el lavado de dinero que busca optimizar la acción fiscalizadora de la AFIP. El fin aparenta ser bueno, pero los medios no se justifican para los pocos que, tras años de ahorro sostenido, se ven imposibilitados de acceder a un bien inmobiliario, a causa de las nuevas políticas cambiarias.
La pesificación del mercado inmobiliario resulta inminente, por lo que comenzaría a regir en noviembre para todas las transacciones requeridas en la compraventa de una propiedad. “Quienes tengan que hacer esas operaciones van a tener que realizar los pagos en pesos”, expresó Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central. Tampoco se contemplarán créditos hipotecarios en dólares con el fin de generar alternativas de inversión atractivas para ahorristas minoritarios. Se configura entonces, un nuevo capítulo en la historia sin fin de la vivienda inaccesible, con especulaciones eternas de aumentos desmesurados y una única certeza, que a la hora de adquirir una residencia, no hay certezas.
En este contexto, hablar de créditos hipotecarios es tan común como agotador. El típico “mínimos requisitos” resuena en la cien de un pueblo cansado de la mentira, pero que, abrumado por el deseo, se deja convencer una vez más, con la esperanza de que recibirá el súper préstamo que cambiará su vida para siempre. Bancos públicos y privados exponen líneas crediticias que se jactan de ser accesibles; sin embargo, un trabajador autónomo cuyos ingresos cuadran en la categoría F del monotributo, no tiene posibilidad de adquirir un préstamo personal superior a los 60 mil pesos.
Con antecedentes como este, imaginar siquiera un crédito hipotecario, se torna imposible. Incluso los propios empleados bancarios comunican entre señas la dificultad de lograr el crédito ansiado: “Yo trabajo en el banco hace más de seis años, mi sueldo equivale a una categoría H en el monotributo y mi casa es alquilada”, confesó alguna vez el miembro representante de una empresa reconocida. Los rótulos no interesan, pero las pruebas están a la vuelta de la esquina, basta con consultar por un crédito hipotecario para, inmediatamente, desencantarse.
En la actualidad, cuesta concebir un Estado donde el número de propiedades equipare a la cantidad de personas con una casa propia. Las trabas son muchas y la ayuda financiera parece establecerse en pos de satisfacer a quienes no la necesitan. Sin embargo, podríamos decir que no todo es tan oscuro como parece. Independientemente de cualquier concordia o apatía político ideológica, el Programa Procrear Bicentenario, mérito del Gobierno Nacional, es un paso al frente en detrimento de la burocracia estancativa y añejada que rige en materia de viviendas. El mismo prevé la construcción de 400 mil propiedades nuevas, a través de créditos otorgados por el Banco Hipotecario, a pagar en plazos de entre 20 y 30 años. Definitivamente, todo un logro. La expectativa queda sembrada y las puertas abiertas para seguir soñando…añorando tal vez que, “a sola firma”, la casa llegue.
