¿Falta de espacio o
negligencia médica?
Crecen en Rosario las patologías psiquiátricas y sus graves
consecuencias. Centros de salud no son capaces de atenderlos
María Belén tenía 21 años, toda una vida por delante y derechos que, como los de todos, merecían ser respetados. Aquella madrugada, sin embargo, se convirtió en una víctima más de la Argentina impune que muchos pretenden olvidar; fue la hija de un sistema burocrático y añejo que, lejos de progresar, todavía se configura sobre una actitud discriminatoria concebida en el siglo XIX. Aquel domingo de agosto, la joven rosarina vagó alrededor de seis horas sobre una ambulancia de la empresa Emerger y falleció a las 7 de la mañana en el Hospital Provincial, sin poder gozar siquiera de los “beneficios” de su obra social. La chica había ingerido psicofármacos con la intención de quitarse la vida, y lo consiguió gracias a la negativa de atención por parte de los entes de la salud privada, desplegando así un nuevo interrogante, ¿falta de espacio o negligencia?
Toda persona que se encuentra en una situación de gravedad en lo que refiere a su salud, tiene el derecho de ser atendida como corresponde. Para despejar ciertas dudas, desde la Oficina Municipal del Consumidor, Gabriela Sahd, encargada de salud de esa dependencia, declaró: “En los casos de urgencias, cuando te envían a un efector público, no pueden negarse a atenderte, es una obligación ética y legal”. Además explicó que la atención puede ser rechazada en caso de que se trate de una consulta médica. Desde ya, el caso de María Belén era de suma urgencia, y no hay dudas que la obligación de los centros de salud era atenderla.
Por su parte, el jefe de Defensa al consumidor, Néstor Trigueros, sostuvo contundentemente que debería ser una obligación legal atender los casos de intentos de suicidio. Sumado a esto, y refiriéndose al caso puntual, Sahd apoyó a los padres de la víctima argumentando que les corresponde tomar medidas legales. “Esto excede lo que tiene que ver con la línea del consumidor, tiene que ver con una cuestión civil y penal, de daño y perjuicio y abandono de persona”.
De todas maneras, cuando se intenta buscar algún responsable, o alguna solución, suele resultar muy complicado. Trigueros afirmó que desde la oficina que él dirige los temas urgentes “se hacen difíciles”. Explicó que desde Defensa al consumidor no se puede hacer mucho más que un pedido de atención mediante un llamado telefónico. “Es un tema que nos sobrepasa, es el valor de la vida”, expresó, y volvió a insistir en que el camino que ahora queda debería ser por vía penal.
Según el secretario de Salud municipal, Lelio Mangiaterra, “no se puede afirmar que todos los centros privados no atiendan estos casos, aunque algunos tienen estas respuestas y es porque hay una actitud discriminatoria, no sólo de los servicios de salud, sino de la sociedad para con los enfermos de la salud mental”. El funcionario aseguró que lo mismo ocurría en la salud pública hace 15 años y recalcó que “la falta de decisión es lo más grave del asunto”. No caben dudas de que la falta de preparación de los entes de salud, con relación a tratamientos vinculados a la psiquis del paciente, es un problema a solucionar. Pero en este caso no se trataba de una paciente que necesitara tratamiento psiquiátrico. “Era una chica que, como producto de lo que había tomado, necesitaba atención, como cualquier paciente que no puede respirar y le va a dejar de latir el corazón”, culminó Mangiaterra.
Por su parte, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, pareció coincidir con las apreciaciones de su par municipal: “No me cabe duda de que la salud privada no quiso atender a esta joven, porque tanto las declaraciones de la madre a los distintos medios, como del empleado del servicio de emergencia que la trasladó, determinan que llegó a distintos lugares donde le decían que no había camas, pero en realidad estaba latente que se negaban por tratarse de intento de suicidio”. López fue contundente, aunque nunca negó que la faltante de camas en época invernal sigue siendo un obstáculo para el correcto funcionamiento de la salud en todas sus expresiones. Cuando se le preguntó por las posibles razones por las que se le puede negar la asistencia a un paciente de estas características, la mandataria resumió: “No puede existir ninguna razón”. Lamentablemente, en Rosario vidas como la de María Belén se pierden sin razón aparente y en la búsqueda lenta de una solución inalcanzable, el ciudadano prefiere resignarse, acostumbrado a no recibir respuestas.
Pero, si la salud privada no ofrece soluciones, ¿cuál es el rol de los hospitales públicos ante personas al límite entre la vida y la muerte? Según explicó Mangiaterra, María Belén fue a varios hospitales públicos, en algunos se le dio una mínima atención para que pudiera ser trasladada, porque en esos efectores no había lugar para su internación, mientras que otros estaban colmados. Posteriormente agregó que la investigación busca determinar si hubo algún accionar erróneo desde el ámbito público, que pudiese haber contribuido con el deceso.Desde la perspectiva de Norma López, el Estado es el gran garante de la salud de sus ciudadanos, pero no se puede ignorar por completo la responsabilidad de los servicios privados: “Es una sociedad mixta, por lo cual desde el Concejo Municipal también queremos establecer cuál ha sido la respuesta en el ámbito de la salud pública”.Analizar e investigar un conflicto relacionado con la salud puede tornarse difícil y más aún si no todas las partes están dispuestas a colaborar.
Por alguna extraña razón, los efectores privados se mostraron reacios a brindar su perspectiva del asunto. En los sanatorios Americano, Centro y Parque, se negaron a realizar cualquier tipo de declaración. Desde las obras sociales sólo una representante de Delta Salud se animó con recelo a opinar sobre el caso. Susana aclaró de antemano que el gerente, en otras oportunidades, prohibía a los empleados entrevistarse con la prensa. A pesar de todo, se decidió por ayudar: “En esta época del año los sanatorios y hospitales están realmente muy colmados, a veces no tenemos ni lugar en terapia y ubicar al paciente en un pasillo es un escándalo”. La frase se repite tanto desde lo público como lo privado y parece ser que la vida de las personas se encuentra limitada por un número de camas. Susana prosiguió con un discurso poco alentador: “Si un paciente tiene algo contagioso, por lo general se lo lleva al Carrasco, un hospital con características y personal preparado para ese tipo de patologías. En caso de ser algún problema psiquiátrico, lo llevan a institutos psiquiátricos. Hay que pensar que si ingresa alguien con algún problema violento, no lo podemos poner en una habitación que te rompa todo, el personal no está preparado para contenerlo”.
La representante habló de falta de infraestructura, personal no idóneo y capacidades insuficientes para afrontar y atender a personas que atravesaron un intento de suicidio y agregó que “muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de espacio físico”. Algunos planteamientos parecen repetirse en unos y otros entes de la salud, “todo el mundo está complicado, en época de temporada no se da abasto”. La mujer afianzó la sospecha de un problema sin solución y finalizó con una descarga que se filtra entre los pensamientos del común de la gente: “Es complicado, yo no sé cuál es el límite, hasta dónde se puede llegar por falta de espacio”. Descubrir realidades como ésta, tras fatalidades como la de María Belén, no hace más que desvanecer la idea de justicia que Rosario y Argentina anhelan para su pueblo.
Silencio inesperado
El 16 de agosto, días después de la muerte de María Belén, el diario La Capital publicó una carta de lectores titulada “Atención frente a un intento de suicidio”. La misma establecía una posición contraria a la posibilidad de que los sanatorios privados se resistan a atender intentos de suicidio y ponía a disposición de las autoridades municipales los libros de ingresos y egresos de pacientes de los centros de emergencia CER (Sanatorio Parque) y CEN (Sanatorio de Niños). Dicha publicación fue firmada por el doctor Mario Gustavo Ruiz, director del CER, cuya matrícula y cargo se encuentran especificados en la carta. Extrañamente, cuando este medio decidió contactarlo para que se explayara sobre su posición, él mismo admitió haber redactado la nota por pedido de un superior. Aseguró que no quería comprometerse, ni mucho menos involucrarse con la temática (a la que dio por finalizada) y alegó que se encontraba “muy atareado” y que deseaba pasar sus momentos libres en compañía de su familia.
Como contracara, surge la voz de Gonzalo Vitali, coordinador del centro de atención psicológica Psicored y único representante del ámbito privado que no impuso condiciones a la hora de responder. “En nuestro caso particular, afrontar intentos de suicidio es algo que se fue dando de a poco pero ya veníamos en el terreno. Sí te puedo decir que en lo público vos tenés unidades prestacionales que todavía no tienen un cargo de guardia de psiquiatría”, expresó. Y nuevamente el círculo se cierra con un problema arrojado de un extremo al otro, como si no existiese escapatoria. Vitali explicó que Psicored gerencia a 14 obras sociales y tiene convenio con Grupo Oroño, en una cobertura que realiza el soporte y la asistencia pasiva y activa de la salud mental. Además aseguró que, desde su experiencia, la mayoría de los privados responden a este tipo de cuestiones, pero “a veces cuesta porque el paciente viene con otra problemática y muchas veces los centros de salud no están preparados”.
Respecto de una cohesión entre la salud pública y la privada, Vitali dijo estar convencido de que “siempre el trabajo en red favorece la calidad de la atención que puede recibir cualquier paciente”, y agregó: “Después tenés cuestiones burocráticas y cuestiones políticas que exceden a los profesionales que están en la práctica del día a día, pero el trabajo en red siempre es mejor. Yo no puedo entender que si el accidente está a dos cuadras de un hospital público, el paciente tenga que ser derivado a un privado porque tiene obra social. Y creo que tiene que ver con un mecanismo de trabajo del privado que excede al profesional”.
Vitali concluyó reiterando lo que el resto de las fuentes anticipaba: espacios reducidos y sobrecargados, personal inexperimentado con intervenciones policiales en muchos casos y complejidades insuperables. Llegar a una conclusión certera es un tanto sencillo considerando cada una de la declaraciones, iguales pero diferentes. Hospitales que atienden intentos de suicidio, pero que no están preparados para hacerlo, servicios privados que quizás están mejor desarrollados, pero que se niegan a atender; unos y otros, colmados en época invernal. ¿Falta de espacio o negligencia? Ambas. ¿Soluciones? Ninguna.
Toda persona que se encuentra en una situación de gravedad en lo que refiere a su salud, tiene el derecho de ser atendida como corresponde. Para despejar ciertas dudas, desde la Oficina Municipal del Consumidor, Gabriela Sahd, encargada de salud de esa dependencia, declaró: “En los casos de urgencias, cuando te envían a un efector público, no pueden negarse a atenderte, es una obligación ética y legal”. Además explicó que la atención puede ser rechazada en caso de que se trate de una consulta médica. Desde ya, el caso de María Belén era de suma urgencia, y no hay dudas que la obligación de los centros de salud era atenderla.
Por su parte, el jefe de Defensa al consumidor, Néstor Trigueros, sostuvo contundentemente que debería ser una obligación legal atender los casos de intentos de suicidio. Sumado a esto, y refiriéndose al caso puntual, Sahd apoyó a los padres de la víctima argumentando que les corresponde tomar medidas legales. “Esto excede lo que tiene que ver con la línea del consumidor, tiene que ver con una cuestión civil y penal, de daño y perjuicio y abandono de persona”.
De todas maneras, cuando se intenta buscar algún responsable, o alguna solución, suele resultar muy complicado. Trigueros afirmó que desde la oficina que él dirige los temas urgentes “se hacen difíciles”. Explicó que desde Defensa al consumidor no se puede hacer mucho más que un pedido de atención mediante un llamado telefónico. “Es un tema que nos sobrepasa, es el valor de la vida”, expresó, y volvió a insistir en que el camino que ahora queda debería ser por vía penal.
Según el secretario de Salud municipal, Lelio Mangiaterra, “no se puede afirmar que todos los centros privados no atiendan estos casos, aunque algunos tienen estas respuestas y es porque hay una actitud discriminatoria, no sólo de los servicios de salud, sino de la sociedad para con los enfermos de la salud mental”. El funcionario aseguró que lo mismo ocurría en la salud pública hace 15 años y recalcó que “la falta de decisión es lo más grave del asunto”. No caben dudas de que la falta de preparación de los entes de salud, con relación a tratamientos vinculados a la psiquis del paciente, es un problema a solucionar. Pero en este caso no se trataba de una paciente que necesitara tratamiento psiquiátrico. “Era una chica que, como producto de lo que había tomado, necesitaba atención, como cualquier paciente que no puede respirar y le va a dejar de latir el corazón”, culminó Mangiaterra.
Por su parte, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, pareció coincidir con las apreciaciones de su par municipal: “No me cabe duda de que la salud privada no quiso atender a esta joven, porque tanto las declaraciones de la madre a los distintos medios, como del empleado del servicio de emergencia que la trasladó, determinan que llegó a distintos lugares donde le decían que no había camas, pero en realidad estaba latente que se negaban por tratarse de intento de suicidio”. López fue contundente, aunque nunca negó que la faltante de camas en época invernal sigue siendo un obstáculo para el correcto funcionamiento de la salud en todas sus expresiones. Cuando se le preguntó por las posibles razones por las que se le puede negar la asistencia a un paciente de estas características, la mandataria resumió: “No puede existir ninguna razón”. Lamentablemente, en Rosario vidas como la de María Belén se pierden sin razón aparente y en la búsqueda lenta de una solución inalcanzable, el ciudadano prefiere resignarse, acostumbrado a no recibir respuestas.
Pero, si la salud privada no ofrece soluciones, ¿cuál es el rol de los hospitales públicos ante personas al límite entre la vida y la muerte? Según explicó Mangiaterra, María Belén fue a varios hospitales públicos, en algunos se le dio una mínima atención para que pudiera ser trasladada, porque en esos efectores no había lugar para su internación, mientras que otros estaban colmados. Posteriormente agregó que la investigación busca determinar si hubo algún accionar erróneo desde el ámbito público, que pudiese haber contribuido con el deceso.Desde la perspectiva de Norma López, el Estado es el gran garante de la salud de sus ciudadanos, pero no se puede ignorar por completo la responsabilidad de los servicios privados: “Es una sociedad mixta, por lo cual desde el Concejo Municipal también queremos establecer cuál ha sido la respuesta en el ámbito de la salud pública”.Analizar e investigar un conflicto relacionado con la salud puede tornarse difícil y más aún si no todas las partes están dispuestas a colaborar.
Por alguna extraña razón, los efectores privados se mostraron reacios a brindar su perspectiva del asunto. En los sanatorios Americano, Centro y Parque, se negaron a realizar cualquier tipo de declaración. Desde las obras sociales sólo una representante de Delta Salud se animó con recelo a opinar sobre el caso. Susana aclaró de antemano que el gerente, en otras oportunidades, prohibía a los empleados entrevistarse con la prensa. A pesar de todo, se decidió por ayudar: “En esta época del año los sanatorios y hospitales están realmente muy colmados, a veces no tenemos ni lugar en terapia y ubicar al paciente en un pasillo es un escándalo”. La frase se repite tanto desde lo público como lo privado y parece ser que la vida de las personas se encuentra limitada por un número de camas. Susana prosiguió con un discurso poco alentador: “Si un paciente tiene algo contagioso, por lo general se lo lleva al Carrasco, un hospital con características y personal preparado para ese tipo de patologías. En caso de ser algún problema psiquiátrico, lo llevan a institutos psiquiátricos. Hay que pensar que si ingresa alguien con algún problema violento, no lo podemos poner en una habitación que te rompa todo, el personal no está preparado para contenerlo”.
La representante habló de falta de infraestructura, personal no idóneo y capacidades insuficientes para afrontar y atender a personas que atravesaron un intento de suicidio y agregó que “muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de espacio físico”. Algunos planteamientos parecen repetirse en unos y otros entes de la salud, “todo el mundo está complicado, en época de temporada no se da abasto”. La mujer afianzó la sospecha de un problema sin solución y finalizó con una descarga que se filtra entre los pensamientos del común de la gente: “Es complicado, yo no sé cuál es el límite, hasta dónde se puede llegar por falta de espacio”. Descubrir realidades como ésta, tras fatalidades como la de María Belén, no hace más que desvanecer la idea de justicia que Rosario y Argentina anhelan para su pueblo.
Silencio inesperado
El 16 de agosto, días después de la muerte de María Belén, el diario La Capital publicó una carta de lectores titulada “Atención frente a un intento de suicidio”. La misma establecía una posición contraria a la posibilidad de que los sanatorios privados se resistan a atender intentos de suicidio y ponía a disposición de las autoridades municipales los libros de ingresos y egresos de pacientes de los centros de emergencia CER (Sanatorio Parque) y CEN (Sanatorio de Niños). Dicha publicación fue firmada por el doctor Mario Gustavo Ruiz, director del CER, cuya matrícula y cargo se encuentran especificados en la carta. Extrañamente, cuando este medio decidió contactarlo para que se explayara sobre su posición, él mismo admitió haber redactado la nota por pedido de un superior. Aseguró que no quería comprometerse, ni mucho menos involucrarse con la temática (a la que dio por finalizada) y alegó que se encontraba “muy atareado” y que deseaba pasar sus momentos libres en compañía de su familia.
Como contracara, surge la voz de Gonzalo Vitali, coordinador del centro de atención psicológica Psicored y único representante del ámbito privado que no impuso condiciones a la hora de responder. “En nuestro caso particular, afrontar intentos de suicidio es algo que se fue dando de a poco pero ya veníamos en el terreno. Sí te puedo decir que en lo público vos tenés unidades prestacionales que todavía no tienen un cargo de guardia de psiquiatría”, expresó. Y nuevamente el círculo se cierra con un problema arrojado de un extremo al otro, como si no existiese escapatoria. Vitali explicó que Psicored gerencia a 14 obras sociales y tiene convenio con Grupo Oroño, en una cobertura que realiza el soporte y la asistencia pasiva y activa de la salud mental. Además aseguró que, desde su experiencia, la mayoría de los privados responden a este tipo de cuestiones, pero “a veces cuesta porque el paciente viene con otra problemática y muchas veces los centros de salud no están preparados”.
Respecto de una cohesión entre la salud pública y la privada, Vitali dijo estar convencido de que “siempre el trabajo en red favorece la calidad de la atención que puede recibir cualquier paciente”, y agregó: “Después tenés cuestiones burocráticas y cuestiones políticas que exceden a los profesionales que están en la práctica del día a día, pero el trabajo en red siempre es mejor. Yo no puedo entender que si el accidente está a dos cuadras de un hospital público, el paciente tenga que ser derivado a un privado porque tiene obra social. Y creo que tiene que ver con un mecanismo de trabajo del privado que excede al profesional”.
Vitali concluyó reiterando lo que el resto de las fuentes anticipaba: espacios reducidos y sobrecargados, personal inexperimentado con intervenciones policiales en muchos casos y complejidades insuperables. Llegar a una conclusión certera es un tanto sencillo considerando cada una de la declaraciones, iguales pero diferentes. Hospitales que atienden intentos de suicidio, pero que no están preparados para hacerlo, servicios privados que quizás están mejor desarrollados, pero que se niegan a atender; unos y otros, colmados en época invernal. ¿Falta de espacio o negligencia? Ambas. ¿Soluciones? Ninguna.
- Investigación y recopilación de datos por Martín Stoianovich, Darío Isnardi y Melisa Morini.
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